Tabacaleros de Salta y Jujuy reclaman contra una empresa

Productores advirtieron en su pedido a la Corte Suprema de Justicia que las economías regionales del norte pierden $2.000 millones por una medida cautelar.

SALTA (NAP) Productores tabacaleros nucleados en las cámaras del sector de Salta y Jujuy realizaron dos presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco del conflicto por las exenciones tributarias que obtuvo una empresa de la industria cigarrillera.

Esta situación, denuncian los productores, no solo genera un perjuicio al fisco, sino que afecta la recaudación del primer eslabón de la cadena y genera un marco de competencia desleal con el resto de las empresas, ya que se que termina por orientar al público consumidor a adquirir las marcas que menos tributan porque pueden ofrecer precios más bajos, precisó El Tribuno de Salta.

Gravedad institucional

La primera de las presentaciones, del 23 de diciembre último, es un “recurso de queja” contra Tabacalera Sarandí, en el marco del proceso llevado a cabo por la AFIP contra la empresa. En el trámite iniciado por las cámaras de Salta y Jujuy, en tanto, se denuncia una situación de “gravedad institucional” por la circunstancia en la que la mencionada compañía cigarrillera está “eximida de tributar el impuesto mínimo fijado por la Ley 27.430 para la comercialización de atados de cigarrillos, como consecuencia de una medida cautelar”, situación que le permite vender sus productos a un precio 21% más bajo que sus competidores.

Salta y Jujuy producen anualmente unas 35.000 hectáreas de tabaco, sobre un total de 64.000 que se cultivan en el resto de las cinco provincias tabacaleras de la Argentina. En este sentido, desde las cámaras que nuclean a los productores afirman que el ingreso económico de la actividad tabacalera en ambas provincias está integrado por el precio que el productor percibe por las ventas de su cultivo, como así también de los ingresos que recibe del Fondo Especial del Tabaco (FET), integrado con el 7% del precio total de venta al público de cada paquete de cigarrillos.

Los productores de Salta y Jujuy hicieron notar en su presentación que este sistema de recaudación se ve afectado por la exención de la que goza Tabacalera Sarandí, la cual genera un proceso de desfinanciamiento al Fondo Especial del Tabaco y, por consiguiente, a los tabacaleros de ambas provincias del norte.

En el escrito ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las Cámaras del Tabaco de Salta y de Jujuy sostienen: “Entendemos que estamos frente a una situación de gravedad institucional que justifica la intervención de V.E. y que se haga lugar a la queja interpuesta por la AFIP revocándose la medida cautelar decretada, en tanto están en juego los derechos constitucionales de todos los integrantes de la industria tabacalera en general”.

En la Argentina el tabaco genera 50.000 puestos de trabajo en forma directa, y en términos indirectos un millón de personas dependen de esta actividad. Según lo expuesto por los referentes del sector, en Salta y Jujuy la actividad tabacalera es la mayor empleadora después de los estados provinciales, por lo que consideran “una cuestión de Estado provincial la defensa y tutela de esta actividad social”.

A favor de la presentación realizada por las cámaras, se menciona que la Ley 27.430 establece dos parámetros posibles para determinar el impuesto interno a los cigarrillos: el 70% del precio de venta al consumidor, o un monto fijo que hoy por hoy es de $ 50,62 (actualizado a noviembre del 2019). En este punto cabe resaltar que de ambos parámetros se toma el mayor. Los actores remarcaron que una de las finalidades del impuesto interno a los cigarrillos es desalentar el consumo a partir de un gravamen alto. Este objetivo no se estaría cumpliendo en el caso de los productos comercializados por Tabacalera Sarandí, a partir de la cautelar con la que fue beneficiada por una supuesta condición de pyme que, en base a su tamaño y facturación, las cámaras también cuestionan.

La producción tabacalera genera en Argentina 50 mil puestos de trabajo en forma directa y más de un millón en forma indirecta

Para los tabacaleros, la cautelar de la que goza Tabacalera Sarandí genera una “elusión fiscal directa de más de 10 mil millones de pesos en concepto de impuestos internos, impuesto al valor agregado (IVA), Fondo de Asistencia Social (FAS), Fondo Especial del Tabaco (FET) y de Ingresos Brutos” al año. Mientras que en términos acumulados la pérdida de recursos que generaron las sucesivas medidas cautelares de la empresa desde el 2016 superaría los $45.000 millones.

Particularmente, los productores tabacaleros y las economías regionales del norte dejan de percibir más de 2.000 millones de pesos anuales en concepto de Fondo Especial del Tabaco, como consecuencia de la medida que beneficia a la empresa cigarrillera.

Amicus curiae

Por otra parte, las Cámaras del Tabaco de Salta y de Jujuy presentaron el 30 de diciembre pasado, también ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una nota solicitando ser admitidas como amicus curiae en el proceso que se sigue contra la Tabacalera Sarandí por las medidas cautelares que le permiten tributar menos de lo que marca la ley (Noticias AgroPecuarias).