A favor y en contra (y ni) de la intervención de Vicentin

Juntos por el Cambio y la mayoría de los ruralistas criticaron la acción del Gobierno sobre la cerealera. El gobernador de Santa Fe, Buzzi, Alfonsín y Urtubey (UIA) la apoyaron; y Achetoni y Ianizzotto…

BUENOS AIRES (NAP). Juntos por el Cambio, principal partido de la oposición en Argentina, emitió un duro comunicado para rechazar la intervención de Vicentin, la sexta empresa agroexportadora del país, concursada y con una deuda de 1.350 millones de dólares.

“La intervención del Grupo Vicentin, anunciada esta tarde por el Gobierno Nacional, es ilegal e inconstitucional, desautoriza al Congreso y el Poder Judicial, da un primer paso en el camino para estatizar el mercado agropecuario, repite experiencias anteriores que nos terminaron costando muy caras a los argentinos (como las expropiaciones de YPF y Ciccone) y confirma que las amenazas recientes al final eran compartidas por el resto del frente oficialista”.

El comunicado fue firmado por el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo; la presidenta del PRO, Patricia Bullrich; el titular de la Coalición Cívica y jefe del bloque en Diputados, Maximiliano Ferraro, y los presidentes de los bloques de senadores y de Diputados del PRO y la UCR, Humberto Schiavoni, Cristian Ritondo, Luis Naidenoff y Mario Negri, respectivamente.

“Con la excusa de la ‘soberanía alimentaria’, un concepto rechazado por la OMC y la FAO de Naciones Unidas, la expropiación de Vicentin puede ser el primer paso del Gobierno para avanzar en una mayor regulación del mercado de granos, que funciona bien y es la principal fuente de divisas del país. Quién sabe si su ambición final no es volver a una Junta Nacional de Granos, el viejo anhelo de una parte de la coalición oficialista”, insistieron.

Ruralistas

El ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Etchevehere, lo definió como “muy mala noticia la intervención/expropiacion de Vicentin por Decreto. El Estado se mete en una aventura empresarial que ya sabemos que termina con todos los argentinos pagando la fiesta”.

El otro ex ministro agropecuario del macrismo y actual diputado nacional por Juntos por el Cambio por Formosa, Ricardo Buryaile, comentó: “Dijeron soberanía alimentaria y estatizaron Ciccone; dijeron soberania energética y estarizaron YPF, y ahora dicen soberania alimentaria y expropiaron Vicentin”.

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes, destacó: “Estamos en contra que el estado administre empresas privadas, ya que quedó demostrado que no fue eficiente. No es bueno que con la plata de nuestros impuestos se pague la deuda de Vicentin”.

La Sociedad Rural Argentina expresó que “la historia nos demuestra que las intervenciones del Estado en el comercio de granos en particular y los mercados agropecuarios en general han creado siempre severas distorsiones, que terminaron provocando problemas más graves que los que se pretendía solucionar. El Estado, a través de la Justicia, cuenta con los medios e instrumentos para canalizar el concurso preventivo”.

Matías de Velazco, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) dijo: “No creo que los productores estén contentos con la noticia, porque no quieren que el Estado intervenga en los mercados. Debemos seguir reclamando por la transparencia del mercado de granos”.

Ni (o so) 

Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina, dijo: “Uno tiene que ver primero en qué consiste el proyecto y conocer sobre esta expropiación y si va afectar a la población. En el sector lo que se necesitan son reglas claras, porque no se sabe a qué precio vamos a importar los insumos o a qué dólar se va acompañar. Además, el Estado no es garante de hacer nada bien. Puede tener falencia como las puede tener una empresa privada”, sostuvo.

El presidente de Coninagro, Carlos Ianizzotto, dijo que, habiendo un proceso judicial de por medio -la empresa está en concurso preventivo- a la intervención habría que canalizarla. “Es una materia muy preocupante, en cuanto a los hechos. Es motivo de preocupación que haya un equilibro y una responsabilidad de eludir la deuda y que esta pase al pueblo, que le herede sumas que no tienen que pagar de una deuda que no le corresponde”.

Luego dijo: “Es clave sostener las fuentes de empleo, mantener la cadena de pagos, asegurar que el productor esté a salvo, en particular el tambero de esa zona”.

A favor

Omar Perotti, gobernador de Santa Fe -provincia donde opera principalmente Vicentín- expresó su apoyo: “Acompañamos este proceso en resguardo de los intereses de todos los santafesinos, por lo que significa hasta aquí una empresa como Vicentin y con las dificultades que ha atravesado en la última instancia, con la preocupación que ha generado en muchísimos productores que son acreedores”,

Y respaldó a Delgado: “Vamos a acompañar a Gabriel Delgado, designado como interventor de #Vicentín por el presidente de la Nación, @alferdez, en esta tarea que se le ha encomendado”.

El ex presidente de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, se preguntó “¿A donde marchaba Vicentin si no se hacía esto? Iba a la quiebra”.

“Entonces, esta decisión del Gobierno, cuanto menos, me parece oportuna y que haya una intervención virtuosa del Estado, que recupere y rescate. A lo que sí quiero agregar como demanda es que no se olviden del movimiento cooperativo” y añadió que “para que esta empresa sea parte de la burguesía nacional”.

Ricardo Alfonsín, embajador de la Argentina en España, sostuvo: “Celebro la idea del Presidente de darle al Estado la oportunidad de contar con una empresa testigo en el mercado de granos y de cambios. Es una decisión no sólo económica, sino también políticamente estratégica”.

Por su parte, el directivo de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Urtubey, avaló la decisión y dijo que el Gobierno “se está haciendo cargo de un gran problema”. “Frente a la necesidad, utilidad o consideración estatal de que es necesario en este caso una empresa con la talla de Vicentin, que tiene impacto en las exportaciones, en sus acreedores y proveedores, el Estado decide. No veo que se esté yendo a Venezuela por esto”, subrayó. (Noticias AgroPecuarias)