Vicentin: Los propietarios de la cerealera aseguran que se enteraron de la intervención por los medios.
Mientras el gobierno avanza con la intervención de la Compañía, la oposición asegura que el DNU pasa por sobre el Congreso.
BUENOS AIRES (NAP) Mientras los dueños de la empresa Vicentin, aseguraron este lunes que tomaron conocimiento de la intervención de la empresa por parte del gobierno nacional, A partir de la información publicada por los medios de comunicación. Por su parte desde las agrupaciones políticas mayoritarias de la oposición advirtieron que el anuncio oficial pasa por encima de las facultades del congreso de la Nación.
En tanto, los dueños de la compañía aseguraron, en un comunicado, que se enteraron de la decisión oficial por los medios de comunicación y, explicaron, asimismo, que entre las alternativas en análisis siempre estuvieron la venta de activos y la posibilidad de asociación con compañías nacionales. “Dentro de esas opciones estuvo siempre contemplada YPF Agro”, destacaron.
“Estamos realizando las consultas necesarias para entender las características y la profundidad de las medidas anunciadas. Por último reivindicamos la legitimidad de proteger los derechos de una empresa argentina y de sus accionistas, de origen familiar y del interior del país, que se encuentra ajustada al marco legal vigente, dentro de un concurso preventivo de acreedores y que ha manifestado reiteradamente la voluntad de honrar los compromisos asumidos”, destacó la compañía en el comunicado de prensa, reflejado en el portal de noticias Infobae.
También hicieron foco en que “los activos de la empresa son muy importantes y están intactos”, agregaron, además que “todos los que participan en ésta actividad lo saben perfectamente. No se ha despedido durante todo el proceso a un solo trabajador. Más allá de que muchos no han podido trabajar por la pandemia, todos han cobrado como corresponde”.
El comunicado recordó que “desde diciembre de 2019 el Directorio de Vicentin viene explorando distintas alternativas para refinanciar su deuda y recobrar el nivel de operación que supo tener en el pasado, que de ninguna manera se remonta a los últimos 4 años, sino que puede medirse en décadas de esfuerzo e inversión. Vicentín tiene 90 años de historia en la Argentina. Noventa años de cumplir siempre con nuestros trabajadores, nuestros proveedores y nuestros clientes”.
En la víspera (ver aparte) el Presidente afirmó que el rescate de Vicentin significa un “paso adelante hacia la soberanía alimentaria” del país, al anunciar esta tarde la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia para la intervención de la empresa y el envío al Congreso de un proyecto de ley de expropiación para afrontar el proceso de concurso preventivo que podría derivar en su quiebra.
El 10 de febrero pasado, la empresa Vicentin, una de las principales compañías agroexportadoras de la Argentina, solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores, tras la cesación de pagos en la que cayó en diciembre.
La deuda de Vicentin asciende a USD 1.350 millones, de los cuales unos USD 1.000 millones son con los bancos y otros USD 350 millones con empresas del sector agrícola.
El Banco Nación es el principal acreedor de la empresa, por un monto superior a los $18.000 millones, seguido por el Provincia, con $1.600 millones, y el Banco de Industria y Comercio Exterior (BICE), con $5 millones.
Fuentes del gobierno adelantaron que el proyecto de ley buscará declarar a Vicentin como una empresa de “utilidad pública y sujeta a expropiación” para que pase a formar parte de un fondo fiduciario que administrará YPF Agro, con lo que se replicará el modelo de gestión mixta.
En la oposición
En un comunicado conjunto del PRO, la UCR y el CC-ARI, los dirigentes consideraron que el anuncio “pasa por encima del Congreso y el Poder Judicial”.
El anuncio sobre Vicentín es peligroso, ilegal e inconstitucional y nos va a terminar costando miles de millones de dólares a los argentinos”, indicó el comunicado de prensa publicado por el diario Clarín.
Con ese título, Juntos por el Cambio salió a cuestionar el anuncio de Alberto Fernández sobre la intervención de la empresa exportadora de granos.
Para los firmantes, el anuncio “da un primer paso en el camino para estatizar el mercado agropecuario”, repite “experiencias anteriores que nos terminaron costando muy caras a los argentinos (como las expropiaciones de YPF y Ciccone)” y “confirma que las amenazas recientes al final eran compartidas por el resto del frente oficialista”.
Desde Juntos por el Cambio dijeron que el anuncio pasa por “encima del Congreso y el Poder Judicial”.
El Estado sólo puede intervenir empresas con una ley del Congreso, que por ahora no existe. Eso convierte el anuncio en ilegal e inconstitucional. Para poder avanzar hoy, el Gobierno publica un DNU en el que crea la figura de ‘intervención estatal de empresas, inexistente hasta hoy y que viola la propiedad privada consagrada en la Constitución”, desarrollaron.
“Además, pasa por encima de la autoridad del juez a cargo del concurso de acreedores del Grupo Vicentín, encargado de garantizar los derechos de los acreedores y deudores de la empresa”.
El texto de JxC está firmado por los dirigentes Alfredo Cornejo (Presidente UCR), Patricia Bullrich (Presidente PRO), Maximiliano Ferraro (Presidente CC- Ari y bloque de Diputados), Luis Naidenoff (Pte, Bloque Senadores UCR), Mario Negri (Pte. Bloque Diputados UCR), Humberto Schiavone (Pte. del Bloque Senadores PRO) y Cristian Ritondo (Presidente de Diputados del PRO) (Noticias AgroPecuarias).
