Los federados piden apoyo a las provincias para asistir a los productores afectados por los incendios
Se remarcó la dramática situación que viven los productores cordobeses, que debieron enfrentar los incendios, que aún no fueron controlados.
ROSARIO (NAP) El Consejo Directivo Central de Federación Agraria Argentina sesionó este miércoles, de manera virtual, con la participación de los directores de todo el país y analizaron las problemáticas de los incendios, la sequía y los conflictos interjurisdiccionales, que marcan la agenda en el medio de la pandemia.
En la sesión virtual se analizaron también diferentes aspectos de las economías regionales, la falta de financiamiento, problemas inherentes a la juventud y la agricultura familiar. En los debates se abordaron también los trascendidos referidos a un nuevo aumento de los aranceles a la exportación
En relación con los incendios y sequía que afectan a varias provincias, el CDC destacó el enorme peso que estos fenómenos climáticos representan para los pequeños y medianos productores, que muchas veces quedan sin nada luego de verse afectados por estos fenómenos.
Se remarcó la dramática situación que viven los productores cordobeses, que debieron enfrentar los incendios, que aún no se terminan de controlados. Los federados reiteraron la necesidad de que los gobiernos provinciales apoyen a los productores afectados, para poder hacer frente a estas dramáticas situaciones, así como también remarcaron que es fundamental que el gobierno nacional brinde apoyatura en los casos más extremos, para poder poner contener el fuego.
Además, se reiteró la enorme necesidad de que se actualicen los montos del Fondo de Emergencia, que continúan siendo de 500 millones, tal como era en el momento que se aprobó, años atrás. También, que se pueda avanzar finalmente con la implementación de un seguro multirriesgo, para que los productores puedan contar con algún respaldo en estos casos.
En cuanto a los conflictos interjurisdiccionales que existen, consecuencia del bloqueo dispuesto por provincias como San Luis, Santiago del Estero y otras provincias de la Argentina que no permiten el paso de productores ni ciudadanos a través de sus límites, se expresó que es fundamental que se implementen protocolos adecuados, pero que se permita el paso de las personas entre las provincias.
Como se planteó anteriormente, se remarcó que, según nuestra Constitución, es contrario a sus principios fundamentales fijar restricciones entre las provincias, que afecten los derechos inalienables de las personas.
Las economías regionales, la falta de financiamiento y los problemas interjurisdiccionales para el transporte también estuvieron en la agenda.
Esto se profundiza en contextos como el actual, de pandemia, que requieren que se lleven adelante las actividades esenciales, como es la producción agropecuaria, y se asegure el tránsito de las personas. Al respecto también se solicitó que el gobierno nacional intervenga en estas cuestiones, para asegurar el cumplimiento por parte de las provincias de estos principios, poner freno a la restricción inconstitucional de derechos y de ese modo limitar el agravamiento de los conflictos ya existentes.
Se destacó la enorme necesidad de contar con herramientas que permitan que los pequeños y medianos productores puedan acceder al financiamiento, con tasas acordes, y que se consideren alternativas para aquellos que no pueden tomarlo a través del sistema bancario.
La juventud federada presente en la reunión, también reclamó que se consideren salidas ante la enorme necesidad de repensar la educación rural; tanto como encontrar maneras de asegurar la conectividad en todo el país, para igualar oportunidades.
Por otro lado, para las economías regionales, se reiteró la necesidad de que se corrijan las distorsiones en las cadenas que perjudican a productores y consumidores, puesto que los primeros reciben precios por debajo de los costos de producción, mientras que los segundos pagan altísimos valores por esos mismos productos.
En este sentido, se insistió en que las economías regionales deben ser vistas como parte de la solución en el creciente problema que azota al país en cuanto a la falta de empleo, puesto que son dinamizadoras de mano de obra.
En cuanto a la agricultura familiar, se reiteró en la urgencia de que se reglamente la ley 27118, para poder hacer efectivos todos los derechos que prevé la norma, aprobada en el año 2015. Además, se destacó la gran trascendencia del rol que se le asignó a los productores de este segmento durante la pandemia de Covid-19, en cuanto a la producción de alimentos, por lo que se pidió que esa misma valoración se evidencie en políticas reales y específicas, que les den una ayuda adecuada.
Acerca de los rumores y versiones periodísticas que circulan en estos días, sobre modificaciones en el esquema de retenciones que implementaría el gobierno nacional para lograr el ingreso de dólares al Estado, a través de la liquidación de soja especialmente, se reiteró y profundizó lo planteado en la jornada de ayer.
Los pequeños y medianos productores ya vendieron sus cosechas, por las que se les ha retenido el 33% de retenciones. Y recién contarán con nueva producción el año entrante. Preocupa enormemente que se esté evaluando implementar un esquema de rebajas temporales que volvería a beneficiar a los grandes actores y a los exportadores, en detrimento de los productores más chicos.
Este esquema volvería a convalidar una enorme transferencia de recursos de los pequeños productores a las exportadoras, porque como dijimos, a nuestros productores ya se les cobró el 33% que ahora pretenden rebajar.
Asimismo, se insistió en la necesidad (planteada al ministro Basterra en todas las reuniones en las que participó la entidad) de que se pague lo comprometido en materia de devolución de retenciones a los productores, que sigue pendiente hasta el momento (Noticias AgroPecuarias).