El Gobierno de Perú declara ‘en emergencia’ al sector agropecuario
Es por 120 días con el objetivo de ‘fortalecer la segunda reforma agraria’ para la ‘seguridad alimentaria’ del país. El presidente Castillo asegura que la reforma no incluye confiscaciones y acciones contra la propiedad privada.
BUENOS AIRES (NAP). El Gobierno de Perú declaró en emergencia al sector agrario del país durante 120 días con el objetivo de impulsar acciones que permitan fortalecer la llamada “segunda reforma agraria”, informó este domingo el presidente Pedro Castillo.
“Hemos declarado en emergencia el sector agrario para que, a través del @midagriperu, impulsemos diversas acciones que fortalezcan la Segunda Reforma Agraria”, anunció Castillo en un mensaje publicado en Twitter.
El gobernante, quien el pasado 15 de marzo adelantó ante el Congreso que se iba a tomar esta medida, enfatizó que las tierras “dan todos los alimentos y los hermanos agricultores merecen ser apoyados de manera integral y rápida”.
El Ejecutivo peruano oficializó la declaración de emergencia del sector durante 120 días, en el marco de la cual el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) deberá implementar un plan de emergencia agrario.
Según la agencia EFE, el Ministerio tendrá un plazo de 10 días para aprobar ese plan de emergencia, con el objetivo de generar las condiciones necesarias para la continuación de actividades productivas agropecuarias que contribuyan al abastecimiento del mercado nacional y contrarresten la amenaza a la seguridad alimentaria del país.
El decreto detalló que la medida se tomó para afrontar los efectos generados por la pandemia de la covid-19 y el incremento de los precios de los insumos agrarios, agravado por los conflictos internacionales que impactan negativamente en el sector agrario, la economía y la seguridad alimentaria nacional.
Durante la campaña presidencial del año pasado, Castillo anunció que una “segunda reforma agraria” en su país sería una de las prioridades de un gobierno suyo, lo que generó de inmediato temores por considerarse que podía implicar la expropiación de tierras y afectar el desarrollo de las exportaciones agrícolas peruanas.
Castillo, quien fue maestro rural, descartó que su propuesta pudiera implicar confiscaciones y acciones contra la propiedad privada y dijo que comprendería medidas de apoyo para fortalecer las labores de los agricultores.
Aunque el Ejecutivo insistió en el carácter “técnico” de esta política, eso no evitó que un gran sector de la clase dirigente del país la vinculara con la reforma agraria que se dio durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado (1968-1973), que confiscó grandes extensiones de tierras a latifundistas y terratenientes para entregárselas a campesinos y comunidades.
Esa medida divide hasta ahora a los peruanos entre los que destacan que acabó con los abusos que sufrían los campesinos y peones, mientras que otros consideran que frenó el desarrollo de la agricultura y rechazan que expropiara grandes propiedades.
“Quiero dejar muy en claro que esta segunda reforma agraria no busca expropiar tierras ni quitar derechos de propiedad de nadie”, aclaró Castillo al lanzar en octubre pasado la política nacional de desarrollo de la agricultura mediante tecnología, asesoramiento técnico y vías de comunicación. (Noticias AgroPecuarias)
