Santa Fe evalúa un nuevo proyecto sobre riesgo de emergencia agropecuaria
El proyecto de Ley fue elaborado por el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología y tiene el consenso y aval de distintas entidades del sector productivo.
SANTA FE (NAP) La Provincia impulsa un proyecto para renovar la ley de gestión de riesgos de emergencias agropecuarias. El nuevo proyecto pretende remplazar la Ley 11.297 sancionada en 1995.
Esta legislación actúa cuando el evento ya aconteció y tiene por beneficiarios sólo a los propietarios de la tierra, otorgando prórrogas o condonaciones del impuesto inmobiliario rural.
Sí se considera que el 70% de la producción agropecuaria santafesina se realiza sobre campos alquilados, la nueva normativa permitirá extender los beneficios a los productores arrendatarios y cambiar el enfoque ante un evento de emergencia y/o desastre a través de distintas herramientas de prevención, mitigación y recomposición de capital de trabajo.
El proyecto de Ley fue elaborado por el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología y tiene el consenso y aval de distintas entidades del sector productivo (CARSFE, CONINAGRO, FAA, MEPROLSAFE, SRA, AFA, Bolsas de Comercio de SF y Rosario, AAPRESID, Colegio de Médicos Veterinarios y Agrónomos, INTA y SENASA). Los beneficiarios serán todos los productores inscritos en el RUPP.
Cómo funcionan los beneficios:
Según publicó AgriBio, la asistencia se aplican cuando ocurran o no la declaración del estado de emergencia y/o desastre agropecuario.
Los beneficios impositivos se articulan mediante la condonación o prórroga del impuesto inmobiliario rural, se incorporan beneficios como la exención de la patente de un vehículo afectado a la actividad agropecuaria.
El proyecto prevé además, la creación de un Fondo Provincial integrado con el 40% del impuesto inmobiliario rural luego de la coparticipación a municipios y comunas.
A través de este Fondo se ofrecerá asistencia financiera para la realización de inversiones destinadas a la prevención de la ocurrencia de eventos adversos sobre la producción a los fines de dotarlo de herramientas para disminuir la vulnerabilidad de los sistemas de producción.
Además se ofrecerá asistencia financiera y económica para recomponer el capital de trabajo afectado durante la ocurrencia de eventos adversos, y desarrollo y fomento de adopción de coberturas para disminuir los riesgos de sequías e inundaciones como así también el subsidio de primas de seguros agropecuarios destinado a pequeños y medianos productores que permitirá darle acceso a este tipo de herramientas.
Este Fondo se canalizará a través de las agencias y asociaciones para el desarrollo posibilitando una llegada directa y eficiente de la asistencia estatal a los beneficiarios. Posteriormente en cada Agencia y Asociación se constituirán fondos rotatorios para el otorgamiento de nuevas asistencias financieras.
El proyecto también prevé la creación de red de estaciones agrometeorológicas para brindar información oficial, calificada, confiable y de fácil acceso para el Estado y para los actores del sector agropecuario. También se generará una red de extensionistas para la promoción de políticas de gestión integral de riesgos de emergencia y/o desastre agropecuario.
Nuevo Régimen de Promoción Industrial
También Santa Fe propone la modernización de la normativa del régimen de promoción industrial -que desde el año ´95 no se modifica- para acompañar y estimular las tendencias actuales de las inversiones productivas del sector industrial.
La actual legislación (Ley 8478) permite a las empresas industriales radicadas o a radicarse en la provincia de Santa Fe solicitar la exención del 100% de impuestos provinciales (Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario, Impuesto de Sellos y Patente Única sobre Vehículos).
Las pautas de graduación de beneficios definidas en el decreto anual vigente, sumado a las restricciones en la composición de los impuestos a eximir aplicadas por motivos presupuestarios derivaron, por un lado, en la disminución de las empresas solicitantes y, por otro, en la concentración del costo fiscal resultante en las industrias de mayor tamaño. Por ejemplo, en 2021, el 75% del costo fiscal de esta norma recaló en beneficios para grandes empresas(Noticias AgroPecuarias).
