Para los ruralistas, la desobediencia del Gobierno al fallo de la Corte es ‘un atentado contra la Constitución’
La Comisión de Enlace pidió al presidente que ‘recapacite’. Carbap es ‘un golpe institucional’ y llamó a su ‘rechazo’. Cámaras empresarias de Córdoba y la Came expresaron también sus críticas.
Las entidades que agrupan a los productores agropecuarios argentinos expresaron críticas y repudios a la desobediencia del Poder Ejecutivo a la orden judicial de restituir la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires.
La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias integrada por la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, Confederaciones Rurales Argentina, Federación Agraria Argentina y la Sociedad Rural Argentina expresó su “honda preocupación” por la decisión del Gobierno Nacional de no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordena restituir el porcentaje correspondiente a coparticipación que le había sido quitado en 2020 por el Ejecutivo.
“Los productores agropecuarios creemos que la división de poderes es una de las bases de la República, que debe hacernos convivir con una plena independencia de cada uno de ellos, sea el Ejecutivo como el Legislativo o el Judicial”, manifestó la CEEA.
“La sociedad no puede permitir estos atropellos que deterioran la calidad institucional de un país y afectan a la democracia atentando contra la Constitución”.
Por eso, la Comisión de Enlace pidió al Poder Ejecutivo que “recapacite sobre la decisión” y llamó a que se respeten las órdenes tomadas por cada uno de los Poderes.
Carbap
Por su parte, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa fue más lejos en su postura y directamente planteó su “rechazo al golpe institucional expresado ayer por el Ejecutivo Nacional al negarse a cumplir la medida cautelar decidida por la Corte Suprema de Justicia referida a los recortes de fondos coparticipables a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
En Carbap, advirtieron que esta decisión afecta “generando inseguridad jurídica y más incertidumbre en vísperas de un año de alto contenido político y electoral”.
“Este desafío al orden institucional es más grave aún, al ser promovido por un presidente que dice ser un “hombre de derecho”, opinaron.
Y reclamaron al Ejecutivo Nacional y a las autoridades provinciales de Buenos Aires y La Pampa que reviertan “esta situación que no hace más que dilatar e impedir la normal recuperación de nuestro país”.
Cordobeses
Por su parte, las cámras empresariales de la provincia de Córdoba emitieron un comunicado en forma conjunta “A favor del orden institucional”.
“Consideramos de una extrema gravedad institucional que el Poder Ejecutivo Nacional pretenda no cumplir un fallo judicial. Una sentencia de la Corte Suprema de Justicia no puede ser desoída. Debe acatarse”, exhortaron. “La ruptura institucional que supondría un desacato transforma a nuestro país en una nación absolutamente inviable. De ser así, nadie estará seguro frente a las decisiones del Poder Ejecutivo”.
Asimismo, los empresarios ampliaron el escenario de debate. “La discusión sobre el reparto de los fondos públicos es una deuda de la política que tampoco ha tenido en cuenta el mandato constitucional de crear una nueva ley de coparticipación: la coparticipación entre la Nación y las provincias debe ser un esquema justo y transparente, que funcione de manera automática y exento de toda discrecionalidad”.
Firmaron el comunicado la Bolsa de Cereales de Córdoba, Bolsa de Comercio de Córdoba, Cámara de Comercio de Córdoba, Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, Cámara de la Construcción-Delegación Córdoba, Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona, Confederación Intercooperativa Agropecuaria Córdoba, Federación Comercial de Córdoba, Unión Industrial de Córdoba.
Came
En un comunicado con el título “Institucionalidad y federalismo”, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, sostuvo que “la Coparticipación Federal, como sistema de rango constitucional, coordina la distribución del producido de los tributos impuestos por el Estado Federal entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Tras lo cual Came dijo abogar “por un entendimiento entre las partes que permita solucionar las diferencias. Teniendo en consideración el respeto a las decisiones judiciales, así como de la Ley de Presupuesto aprobada por el Congreso de la Nación” y llamó a “la responsabilidad de la dirigencia política para encontrar una solución del conflicto cuyas derivaciones, más allá de cuestiones políticas, repercutirá directamente sobre la población argentina”. (Noticias AgroPecuarias)
