Empresas de biocombustibles apoyan “ley ómnibus” del gobierno, pero plantean modificaciones: ¿cuáles?
La entidad entiende que se debería corregir en el proyecto de ley en el artículo que elimina la no gravabilidad de los biocombustibles sobre el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2).
(NAP) La Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) apoya el proyecto ley impulsado por el Poder Ejecutivo respecto a la derogación del establecimiento de precios, distribución de cupos de abastecimiento a productores por parte de la autoridad de aplicación y otras intervenciones de mercado establecidas en la actual Ley 27.240.
En un comunicado que la entidad difundió en las últimas horas, considera que, estas medidas impiden la posibilidad de que todos los actores de la cadena puedan participar en el abastecimiento de biodiesel para el corte en el mercado interno.
“Esta apertura seguramente se traducirá en mejoras en calidad de producto, nuevos desarrollos de biocombustibles avanzados y otras aplicaciones, con las consecuentes inversiones en el sector que generarán más y mejores opciones para el consumidor”, sostienen.
A su vez, indican que este proceso es similar al que llevan a cabo el resto de los países de la región y el mundo, aunque señalan algunos puntos que, a juicio de la Cámara, se deberían considerar en la redacción final.
Cortes obligatorios
Por un lado, la libre importación de biodiesel o materias primas para su elaboración “debe contar con la cláusula de reciprocidad con el resto de los países en cuestión”. Además, consideran “importante” se introduzca una política de “convergencia” con el Mercosur en cuanto a los mandatos de biocombustibles (especialmente con Brasil), “en virtud de la integración y similitud que se pueda tener en el parque automotriz y agroindustrial.
Para ellos, proponen establecer cortes obligatorios de biodiesel del 14% para este año 2024 y elevarlo al 15% para el 2025, “pudiendo la autoridad de aplicación establecer un mínimo (en casos excepcionales y justificados) del 10% y elevarlo cuando se necesite acorde a las políticas de transición energéticas a adoptarse”, añade la gremial empresaria.
Asimismo, la entidad entiende que se debería corregir en el proyecto de ley en el artículo que elimina la no gravabilidad de los biocombustibles sobre el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2), establecido en la actual ley 27.240.
“Esto igualaría a los biocombustibles con los combustibles fósiles en cuanto al objeto de estos impuestos, que es precisamente gravar aquellos combustibles que más contaminan y promover una matriz energética más limpia, sin premiar a los biocombustibles menos contaminantes que los reemplazan”, manifiestan.
“Consideramos que este punto se debe modificar de modo tal de reconocer taxativamente el aporte a la reducción de CO2 que realizan los biocombustibles, sin desmedro de que se pueda introducir a futuro un mercado de créditos de carbono que premie las inversiones en reducción de emisiones que cada compañía o sector pueda realizar”, recalcan.
Por su parte, el presidente de Carbio, Luis Zubizarreta, aseveró que “es insólito que las industrias más competitivas sean discriminadas y estén paradas, y el mercado se abastezca a precios altísimos de pocas empresas habilitadas por no tener un mercado libre”.
Cabe apuntar que las empresas nucleadas en Carbio representan el 70% de producción de biodiesel en Argentina y el 100% de las exportaciones argentinas.
El sector emplea a 3.500 personas directamente, pero sumando a la industria de la molienda de soja alcanzan las 22.500 directas y 53.500 indirectas.
Sin embargo, de acuerdo con la Cámara, el actual marco normativo “no permite la competencia y las empresas exportadoras tienen prohibido abastecer el mercado interno, por lo que se pierde la posibilidad de desarrollo tecnológico y de escala que permita tener biodiesel de mejor calidad a precios más competitivos para el consumidor argentino”(Noticias AgroPecuarias)
