Exportadores: El aumento de los DEX propuestos por la Ley Ómnibus afecta a las inversiones
El efecto es negativo para la competitividad de Argentina en las inversión, las exportación y la generación de empleo.
(NAP) La Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), propuso en las últimas horas mantener los actuales derechos (DEX), sin aumentos, para soja, maíz, trigo, cebada y girasol, y una reducción gradual anual.
Además, frente a la evolución de las negociaciones en el Congreso, la Entidad se mostró favorable a la eliminación de derechos para economías regionales.
La Cera, insistió, asimismo, en la eliminación inmediata de los DEX también para bienes industriales carne , pesca y productos orgánicos, con la garantía de que no se reinstauren en el futuro.
La CERA expresa de “manera constructiva, en la Cámara de Diputados y en distintos espacios de diálogo, su inquietud y preocupación sobre la propuesta de aumento de los DEX, incluida en el proyecto.
Fernando Landa, presidente de CERA, destacó la importancia de abordar este tema crítico que afecta directamente al empleo, las inversiones y la competitividad del país.
“Desde la institución, se subraya la necesidad de adoptar la competitividad como una política de estado, reconociendo el papel fundamental que juega la exportación en el crecimiento sostenible y en la colaboración esencial entre el sector público y privado para alcanzar este objetivo”, explicó.
La propuesta de aumento de Derechos a la Exportación, especialmente en manufacturas de origen industrial y agroindustrial, fue objeto de críticas por parte de CERA.
Landa citó datos preocupantes, como la disminución del 33% en empresas exportadoras en los últimos 15 años y una caída de participación de las Pymes a solo 7% en el total exportado.
Además, señala que Argentina perdió 4,000 empresas exportadoras y medio millón de empleos directos e indirectos en ese mismo periodo.
El impacto de las retenciones en las exportaciones nacionales llevó a una reducción significativa en la participación mundial de Argentina, llegando al 0,25% en 2023.
El rol de las PyMes en el mercado exportador se redujo a solo el 7%
Esto se traduce en pérdidas anuales de U$ 42,000 millones y un estancamiento de las exportaciones totales durante los últimos 16 años, afectando especialmente a las manufacturas agropecuarias e industriales.
Fernando Landa, presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA)
CERA destaca la contradicción entre la propuesta de aumento de derechos que empeora la competitividad nacional y los avances logrados en el acuerdo Mercosur-Unión Europea: la imposición de gravámenes adicionales contrasta con la tendencia mundial de subsidios y políticas industriales expansivas.
Asimismo, la entidad señaló que aplicar derechos de exportación es anti-federal, al no ser coparticipable y sustituir un impuesto progresivo y coparticipable como es el impuesto a las ganancias.
“El principal problema del gasto nacional es la seguridad social (destino de más del 45% de los fondos del estado nacional). En un país con la favorable pirámide demográfica que posee Argentina, la solución genuina seria la generación de empleo a través del comercio internacional como lo ha sido en todo el mundo”, remarcó Landa.
“Existen opciones aún no consideradas para mejorar el resultado fiscal sin comprometer el empleo y el desarrollo, enfatizando que el propio Ministro (de Economía, Luis), Caputo consideró a las retenciones como contrarias al desarrollo nacional”, recordó el titular de la CERA.
En medio de estas discusiones, se vislumbra una realidad preocupante que pocos están dispuestos a abordar de frente. El consenso empresario de que estas medidas afectaran negativamente el monto exportado.
Por los Derechos de exportación se perdieron U$S 42.000 millones
“Es universalmente aceptado que imponer derechos a la industria no es una práctica común, y esta situación plantea una serie de interrogantes sobre la dirección que está tomando la política económica. La medida se presenta como una especie de solución a la incapacidad para recortar gastos, lo cual plantea riesgos considerables para la estabilidad económica y el desarrollo sostenible”, añadió Landa.
El fantasma inflacionario será entonces el instrumento de última instancia para el Ejecutivo si, como indican las proyecciones empresariales de la CERA, la exportación cae y la recaudación no mejora, sino que ocurre exactamente lo contrario producto de una presión fiscal confiscatoria.
En conclusión, la imposición de derechos a la exportación como solución frente al gasto público actual presenta contradicciones significativas, principalmente la posibilidad concreta de un rebrote inflacionario y pérdida de empleo. Por lo tanto, CERA insiste en la necesidad de no avanzar con este impuesto regresivo y antiexportador(Noticias AgroPecuyarias)
