Diputados bonaerenses hicieron ley el programa ‘S.O.S Rural’

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Los campos estarán georeferenciados con una chapa en las tranqueras. Además se aprobó un proyecto que actualiza la fórmula para las indemnizaciones laborales.

(NAP) El proyecto “SOS Rural” se convirtió en ley una vez que la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones introducidas por el Senado.

El proyecto establece que en cada acceso a los establecimientos rurales se deberá colocar una chapa identificatoria, que será georreferenciada.

El mapa deberá ser utilizado, con carácter obligatorio y con la debida protección de los datos, por la Policía de la provincia de Buenos Aires y sus distintas dependencias en el territorio, incluidas las correspondientes a las Comisarías de la Mujer y la Familia, los hospitales provinciales y municipales, los cuerpos de Bomberos Voluntarios y Defensa Civil.

De este modo se podrá agilizar la asistencia ante la consecución de delitos rurales, incendios, emergencias de salud y otros incidentes en el ámbito rural.

El proyecto de ley fue presentado en 2019 por la hoy ex diputada Natalia Sánchez Jaúregui, quien saltó a la fama en 2021 por pasar de Juntos por  el Cambio al Frente de todos.

La diputada Lucía Iañez (UxP) destacó la labor de su colega y señaló que se trata de “un proyecto que muestra cómo tenemos que proteger a las familias rurales, que garantiza el acceso a las políticas públicas en una provincia tan diversa y extensa”.

Ley laboral provincial

Por otra parte, impulsado por las diputadas Maite Alvado y Soledad Alonso, se modificó el artículo 48 de la Ley 11.653 de procedimiento laboral y sus modificatorias.

El proyecto, que deberá ser tratado por la Cámara de Senadores, sustituye en los juicios laborales la tasa pasiva que actualmente se aplica para calcular los intereses al monto indemnizatorio por la del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

La modificación busca subsanar el perjuicio que representa para los y las trabajadores de la provincia que, en un contexto inflacionario y con juicios que demoran en promedio cinco años, se aplique una tasa que licúa enormemente la indemnización que recibe la persona beneficiaria a la hora de su pago efectivo. La iniciativa fue largamente debatida y, finalmente, se aprobó por mayoría. (Noticias AgroPecurias)

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