Antes de la privatización, el Gobierno declaró la emergencia ferroviaria por 2 años

La venta del servicio fue aprobada por el Senado. Hoy se publicaron 2 decretos para  ‘maximizar las inversiones ‘ estatales para mejorar el servicio de pasajeros y cargas.

(NAP) Con 2 decretos publicados en el Boletín Oficial este jueves, el Gobierno argentino declaró emergencia pública en el sector ferroviario para los servicios de pasajeros y cargas de jurisdicción nacional. La norma también establece una serie de medidas para abordar la situación.

Unas horas antes,el Senado de la Nación dio media sanción al proyecto de “Ley Bases”, que comprende entre otras disposiciones la declaración de Trenes Argentinos Operaciones (Sofse) y Trenes Argentinos Cargas (TAC) como sujetas a “privatización o concesión”, a criterio del Gobierno.

El proyecto todavía no es ley puesto que, como el Senado realizó distintas modificaciones, debe volver a tratarse en la Cámara de Diputados, donde podría aprobarse con cambios o volver a la versión original, más ambiciosa, si el Gobierno encuentra apoyos suficientes.

Entre los cambios realizados está el retiro de Radio y Televisión Argentina (TVP y Radio Nacional), el Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas de la lista de empresas a privatizar. Todas estas fueron objeto de exitosas campañas de presión por parte de los gremios y gobernadores de provincia, preocupados por el impacto sobre el servicio postal o la conectividad aérea.

No fue el caso de los ferrocarriles, notoriamente ausentes del debate parlamentario y de la agenda de los gobernadores, y en que la conducción de los gremios mayoritarios tuvo una actitud por demás prudente, incluso llegando a destacar su apertura para volver a trabajar con concesionarias privadas, analizó el portal especializado enElsubte.com

Declaración de emergencia

Entre ellas, el texto oficial le exige a las empresas ferroviarias que presenten una propuesta de medidas urgentes para garantizar la seguridad operativa de los servicios.

También direcciona la transferencia de fondos al sistema ferroviario y “facilita” la importación de materiales para el mantenimiento y las mejoras de seguridad, sostiene el Decreto 525/2024.

También asigna un presupuesto adicional al sector ferroviario con “el objetivo de mejorar la seguridad de los servicios ferroviarios y fortalecer el sistema en general”.

Los decretos consideran que el sector ferroviario en Argentina se encuentra en un estado crítico, con una infraestructura en malas condiciones, regulaciones obsoletas y una gestión ineficiente, señala el Boletín Oficial.

Por ello el Gobierno decidió declarar “la emergencia pública que tiene como objetivo abordar estos problemas de manera urgente y garantizar la seguridad de los servicios ferroviarios”.

Las medidas incluyen propuestas de las empresas ferroviarias, transferencias de fondos, facilitación de importaciones y asignación de presupuesto adicional.

¿Cómo?

Según ámbito.com, para hacer frente a la situación de emergencia, el Decreto 526/2024 establece una serie de medidas, entre las que se encuentran:

-Designar a la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía como Autoridad de Aplicación de la emergencia.
-La creación de un Plan de Acción por parte de la Secretaría de Transporte, que será implementado por las empresas ferroviarias.
-La posibilidad de dejar sin efecto o renegociar contratos en curso.
-La adecuación de las frecuencias de los servicios ferroviarios.
-La revisión integral de las normas y procesos vigentes en materia de mantenimiento y seguridad.
-La atracción de inversiones y la suscripción de contratos para la operación de los servicios de transporte y la gestión de la infraestructura.
-La reorganización empresarial de las empresas ferroviarias.

En el marco de la promesa del Gobierno de privatizar el servicio de transporte público, el texto oficial sostiene que la declaración de emergencia busca “maximizar las inversiones y los recursos empleados para la prestación de un servicio ferroviario en condiciones de eficiencia y seguridad”. Y agrega que uno de los objetivos es “Atraer inversiones y fomentar la participación de terceros en la operación de los servicios de transporte y en la gestión de la infraestructura”.

El decreto entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial, es decir, este jueves 13 de junio de 2024.

Actualidad

Sea cual fuere la versión que apruebe Diputados, las dos operadoras ferroviarias estatales quedarán legalmente preparadas para la concesión de los servicios al sector privado –repitiendo el modelo de la década de 1990– o incluso la venta completa de su patrimonio.

La ley 27.132 de Ferrocarriles Argentinos sancionada en 2015, que el actual proyecto no modifica ni deroga, no impide la participación de operadores privados en el sistema ferroviario –de hecho, la prevé, en un régimen de acceso abierto–, pero establece el principio de administración estatal indelegable de la infraestructura y de los sistemas de control de circulación de trenes.

Cabe recordar que la versión original de la Ley Ómnibus, cuyo tratamiento parlamentario fracasó en febrero, contemplaba incluso la privatización de la Asignación a Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (Adif), titular de vías y terrenos ferroviarios, que por el momento quedaría fuera del alcance de la medida.

No obstante, la aprobación de las facultades delegadas habilitaría al presidente Javier Milei desafectar terrenos ferroviarios –que entonces pasarían a la AABE, facultada para disponer su venta–, modificar las funciones de Adif o incluso fusionarla con otros organismos.

En tal sentido, según enelSubte, la Secretaría de Transporte trabaja en un proyecto de fusión de varias de las empresas ferroviarias estatales, que comprendería a Ferrocarriles Argentinos –holding creado por la ley 27.132 y nunca puesto plenamente en funciones–, la residual Trenes Argentinos Capital Humano, Adif y Sofse.

Esta perspectiva, que podría resultar positiva en términos de la eficiencia e integración del funcionamiento del sistema ferroviario, presenta sin embargo la salvedad de que podría poner en cabeza de una empresa sujeta a privatización (Sofse) bienes explícitamente excluidos de ese proceso, como la propiedad de los terrenos ferroviarios. (Noticias AgroPecuarias)