Agricultura familiar, desperdicio y control pesquero, entre las futuras normas a la vista
Para el ministro español Luis Plana se debe abrir “un gran debate porque esa es gran parte de la clase media de la agricultura y la ganadería del país”.
Luis Planas, ministro de Agricultura de España (Imagen: Ministerio de Agricultura de España)
(NAP) La agricultura familiar, el desperdicio alimentario y el control pesquero centrarán algunas de las próximas iniciativas legislativas sobre las que el Gobierno está trabajando, según el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas.
El ministro detalló a EFE los principales cambios normativos en materia de agroalimentación que se esperan durante esta legislatura, a partir de este mismo año, entre los que figura la futura ley de agricultura familiar, reportó el portal InfoBae.
En ella se revisarán “aspectos vinculados a las entidades prioritarias, a la incorporación de jóvenes y a otros como el propio carácter del agricultor profesional que venían regulados por una ley de modernización de los años 90 y que hemos intentado cada vez poner al día con ocasión de cada periodo de Política Agraria Común (PAC)”, ha asegurado Planas.
En su opinión, ahora hay que ir más allá y abrir “un gran debate porque esa es gran parte de la clase media de la agricultura y la ganadería del país”.
Igualmente, el ministro recordó que está pendiente la ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, actualmente en tramitación parlamentaria después de que el Consejo de Ministros aprobase el proyecto legislativo en enero pasado.
La iniciativa estuvo a punto de salir adelante en la pasada legislatura, pero decayó por la disolución de las Cortes Generales con la convocatoria de elecciones.
La futura norma establece una jerarquía de prioridades para el destino de los alimentos, con prioridad máxima para el consumo humano, y obliga a las empresas de la cadena a contar con un plan de prevención para minimizar las pérdidas y destinar los alimentos a otros usos.
El ministro también se referió al próximo proyecto de ley de inspección y control pesquero, que deriva de la legislación comunitaria recién adoptada y que constituye “una petición del sector”.
Planas aludió a su reciente reunión con el sector para abordar la próxima legislatura europea, en especial en el equilibrio entre los factores ambientales y los socioeconómicos, la descarbonización de la flota, el conocimiento científico, los acuerdos con terceros países y el fortalecimiento del apoyo para modernizar los buques.
Sobre la futura norma de representatividad agraria, reclamada por la organización Unión de Uniones en las pasadas protestas de agricultores e incluida en el plan de 43 medidas del Gobierno para el campo, mostró su esperanza de que se pueda introducir en alguna ley en trámite para “poder adoptarla de forma más rápida”.
“Esta adaptación, de hecho, ya la estamos aplicando de forma normal en la interlocución porque me parece que es la realidad misma la que se impone”, enfatizó.
El ministro sostuvo, además, que en España existen cuatro organizaciones representativas, concretamente Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones, y se trata de “hacer normal en las reuniones y despachos lo que es normal a nivel de calle”.
Tras heredar una “ley inaplicable desde el punto de vista de la representatividad”, su intención es “ponerla al día”, algo “relativamente sencillo si hay acuerdo a nivel parlamentario, aunque ha sido muy complejo y, si no se ha podido introducir un proyecto de ley anteriormente, ha sido por la división entre grupos políticos”.
El Congreso español aceptó en mayo volver a cambiar la ley de la cadena alimentaria a propuesta de ERC, si bien Planas ha afirmado que no tiene previsto hacer cambios más allá de lo que ha anunciado.
En ese sentido, menciono la elevación a rango estatal de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) con el fin de dotarla de más medios de inspección en la aplicación de la ley.
“Creo que estamos de acuerdo en que es en la puesta en práctica donde tiene que ponerse el acento y estamos muy atentos a todos los cambios que se puedan producir a nivel comunitario, por si alguno de ellos no está incluido en la ley española y lo deberíamos hacer”, ha precisado.
Aunque pueda haber “algunos elementos de flexibilidad”, ha insistido en que “nadie está excluido” de la aplicación de la norma, “ni el sector primario, ni la industria, ni las cooperativas ni la distribución”.
Aparte de los cambios legales, el Ministro presentará en julio el esquema de los debates y trabajos que llevarán “a fines de año o probablemente a principios de 2025” a la Estrategia Nacional de Alimentación, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mencionó en su discurso de investidura.
“Va a ser la contribución de España al debate europeo”, ha remarcado, en alusión a la futura comunicación de la Comisión Europea sobre los sistemas alimentarios sostenibles para asegurar tanto la calidad de la producción a un precio razonable como la sostenibilidad ambiental.(Noticias AgroPecuarias)
EFE/INFOBAE
