Productores de soja paraguayos iniciaron proceso de certificación para garantizar origen no deforestado
Buscan ajustarse a la decisión de la UE de no comprar productos provenientes de zonas desmontadas después de 2020.
(NAP) Los productores de soja en Paraguay iniciaron el camino de la certificación de sus cultivos para garantizar que no provienen de zonas deforestadas. Este movimiento responde a la normativa de la Unión Europea que no permitirá desde el 1 de enero de 2025 el ingreso de productos agroindustriales provenientes de zonas que hayan sido deforestadas luego del 31 de diciembre de 2020. Los bienes comprendidos en la medida son soja, aceite de palma, carne vacuna, café, cacao, madera, carbón vegetal y caucho, así como productos derivados de los mismos.
Paraguay es el 6to productor y 4to exportador mundial de soja. La leguminosa ocupa una superficie de 3.500.000 millones de hectáreas en todo el país y la cosecha del ciclo agrícola 2023-24 alcanzó a 10.300.000 toneladas. La soja contribuye significativamente al ingreso de divisas: el año pasado le reportó 4.100 millones de dólares.
Con vistas a la normativa de la UE, el foco del problema está en el avance de la soja en la región conocida como Chaco, un sistema ambiental que comprende un amplio territorio del norte de Argentina, sur de Bolivia y que abarca también a gran parte de Paraguay, desde el centro hacia el oeste, donde se calcula que 12.000.000 de hectáreas son aún de bosque nativo.
En el Chaco paraguayo la actividad agrícola tiene menos de 20 años de historia pero está experimentando un crecimiento muy rápido: el año pasado se sembraron 70.000 hectáreas y se espera para el nuevo ciclo un aumento a 150.000 hectáreas, de acuerdo a estimaciones de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas.
El presidente de Capeco, José Berea, explicó que “la expansión se dio sobre áreas de pastizales antiguos, en un sistema de rotación entre la agricultura y la ganadería en las mismas parcelas”.
Además dijo que “en el Chaco es legal hacer cambio de uso de suelo para dedicar a otras actividades como ganadería, agricultura, industria, urbanizaciones e infraestructura, previo análisis y autorización de los organismos correspondientes”.
Pero ante la inminencia de la entrada en vigencia de la normativa de la UE, las cámaras que agrupan a los productores, como la Capeco, están diseñando propuestas que puedan certificar que la soja y los derivados industriales no provienen de una región que fue desmontada después de 2020.
“Se está analizando una propuesta de sistemas de identificación de productos libres de deforestación, georreferenciando las parcelas y con declaraciones juradas de cumplimiento de leyes pendientes”, comentó Berea.
El modelo sería el de la plataforma argentina Visec (Visión sectorial del Gran Chaco Argentino), un sistema georreferenciado para hacer un seguimiento completo de la cosecha hasta el puerto de embarque, pasando por el proceso industrial y que en Argentina se emplea también para las exportaciones de carne vacuna.
Romualdo Zocche es productor desde hace 47 años con un campo de 1.300 hectáreas principalmente dedicadas a la soja y al maíz, en el departamento Caazapá. Zocche está asociado a la Cooperativa Pindó que desde hace unos años tiene un programa que certifica soja como sustentable. El productor asegura que 98% del desmonte que se hizo en la región del Chaco fue antes de 2020. “En mi parcela hicimos desmontes hasta 2005”.
Por otra parte, Zocche reconoció que hay alguna resistencia entre los productores a sumarse a un programa, aunque no tiene que ver con la intención de desmontar, sino porque puede implicarles mayores costos sin un reconocimiento posterior, como un precio diferencial por su soja certificada.
También está la desconfianza en la obligación de tener que entregar periódicamente declaraciones juradas que terminen en inspecciones fiscales, especialmente en el capítulo de la registración de los trabajadores. (Noticias AgroPecuarias)
