Fabricantes multinacionales alertan sobre la importación ‘irrestricta’ de maquinaria agrícola usada

Los industriales de la maquinaria agrícola calificaron a la medida como ‘una decisión abrupta que podría destruir el futuro del sector agrícola’.

(NAP) La Asociación de Fabricantes de Maquinarias, que agrupa a las marcas multinacionales del sector,  alertó sobre el impacto negativo que podría tener la reciente decisión del gobierno de Javier MIlei de habilitar la importación de maquinarias agrícolas usadas.

“Argentina tiene todas las oportunidades para ser el país más eficiente del mundo en producción agropecuaria, para lo cual requiere modernización y tecnología. La competitividad de la fabricación local se logra bajando el costo argentino (matriz impositiva, costos laborales, etc.). Importar equipos usados, subsidiados y obsoletos nos alejan de esa meta”, aseguran desde Afat.

En ese sentido la entidad expresó su profunda preocupación por la eliminación abrupta del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) para maquinaria agrícola. La forma de implementación de esta medida establecida en el Decreto 273/25 generará impactos económicos, sociales y ambientales adversos significativos para el país.

“Las empresas de Afat son protagonistas esenciales de la producción agropecuaria argentina, y llevan invertidos miles de millones de dólares, desde hace más de cinco décadas, en el desarrollo, fabricación local y distribución de maquinaria agrícola de última generación, ofreciendo equipos cada vez más eficientes y sustentables, brindando servicio 24×7, con presencia en más de 500 puntos a lo largo y ancho del país, con 12 plantas fabriles instaladas en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba y generando 16.700 empleos entre plantas, red de distribución y proveedores.

La renovación del parque de maquinaria agrícola es esencial para aprovechar los desarrollos tecnológicos que generan saltos de productividad inmediatos y mantener estándares de calidad y seguridad. Comparativamente una máquina nueva es, como mínimo, un 25% más productiva que la que se utilizaba 10 años atrás. Dada la antigüedad del parque de maquinaria agrícola argentino, donde más del 70% las cosechadoras tienen más de 10 años de antigüedad, al igual que el 80% de los tractores, Argentina está frente a una oportunidad inmediata para incrementar su producción y exportaciones de una campaña a otra sin incrementar el área sembrada.

En Afat desde siempre se ha abogado por la libre competencia y coincidimos plenamente con las expresiones del Ministro de Economía, Lic. Luis Caputo, vertidas en el 11° Congreso de Economía Regional realizado en Corrientes en noviembre de 2024, donde afirmó que, si bien la idea es que la sociedad pueda acceder a mejores bienes a mejores precios, también hay que ser cuidadosos en cómo se llega allí. No se debe pasar de un extremo al otro, ya que se estaría favoreciendo a un sector de la sociedad en detrimento de emprendimientos e industrias que están en el país hace muchísimos años lidiando con impuestos injustos.

Nos encontramos ante una medida que impide una competencia genuina ya que introduce una clara asimetría entre la producción y distribución local, y la importación de maquinaria usada -que no cuenta con garantía ni trazabilidad alguna- proveniente de economías subsidiadas y con cargas sensiblemente menores, tanto en materia fiscal, como en costos laborales; condiciones superiores en financiamiento y promoción de la producción y de la comercialización; en los seguros y en la logística.

Para los países exportadores de maquinaria usada, se trata de mercadería de descarte ya amortizada, por lo cual su valor de exportación es tan bajo que ningún arancel extrazona logra compensarlo como para asegurar una competencia justa, afectando así tanto al mercado local de usados como a las operaciones de compra de maquinaria nueva con retoma de usados. En Argentina, entre el 60 y 75% de las ventas de equipos nuevos (dependiendo el segmento) contempla la toma de usados como parte de pago. Con esta medida, como lo demuestra la experiencia en otros países que tomaron caminos similares, habrá una consecuencia directa sobre la demanda de maquinaria nueva, y por ende sobre la actividad de los fabricantes, proveedores de materiales e insumos, servicios y distribuidores.

La introducción “irrestricta” de maquinaria usada, atenta contra la necesaria renovación tecnológica mencionada, genera un desequilibrio estructural en el ecosistema productivo en Argentina, cuyas consecuencias exceden lo estrictamente comercial y afectan al empleo; la productividad agropecuaria; la sustentabilidad ambiental y la sanidad fitosanitaria; la seguridad operativa de la maquinaria y de los trabajadores rurales, el transporte y logística asociadas; y la prevención de actividades fraudulentas e ilegales vinculadas al lavado de dinero.

En síntesis,”tiene el potencial de generar un impacto devastador porque no solo pone en riesgo la posibilidad de incrementar, o sostener, los USD 45.000 millones de exportaciones que la agroindustria aporta, y 1 de cada 4 pesos del PBI nacional, sino que también representa una amenaza para los 3,5 millones de empleos directos e indirectos que dependen de esta cadena”, agrega el documento de la Cámara.

“Seguimos convencidos de que a través del trabajo conjunto público-privado, podremos colaborar en el desarrollo de políticas que promuevan el crecimiento sostenible del sector agrícola y fortalezcan nuestra economía y sociedad, manteniendo a la Argentina en el camino hacia la competitividad global. Estamos a disposición de todas las autoridades del país para encontrar una solución que beneficie a todos los actores involucrados”, cierra el comunicado de la Entidad(Noticias AgroPecuarias).