Dos productores deben pagar $171 millones por desmontar 11.000 hectáreas
También recibieron una pena de 6 meses de prisión. Ocurrió en el norte de Salta. La Afip los había denunciado por empleo y negro y condiciones de hacinamiento de 157 personas.
SALTA (NAP). En un fallo sin precedentes el procurador general de Salta, Pablo López Viñals y la fiscal de Tartagal (Salta) Griselda Nietto demandaron a un productor que deposite más de 171 millones de pesos para remediar el daño que causó el desmonte que hizo de 11.875 hectáreas. El año pasado había sido condenado a seis meses de prisión por no presentarse ante la justicia.
Los condenados son Juan José Karlen y Daniel Karlen, quienes en 2013 tuvieron su primer acercamiento con la justicia, cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) encontró a 157 empleados no declarados, sometidos a hacinamiento y condiciones laborales infrahumanas, que vivían en chozas sin agua, sin electricidad ni sanitarios, y que eran obligados a comprar los alimentos al empleador, por descuentos salariales.
López Viñals y Nieto pidieron a la jueza civil de Tartagal, Claudia Yance, que condene a los hermanos a depositar la suma inicial básica de 171.413.473 pesos, a fin de aplicarlos a un plan de manejo para la restauración del bosque.
Las tierras que se desmontaron se hallan a 30 kilómetros de Dragones en el Departamento San Martín, en el norte de Salta, y fueron usadas para sembrar soja y maíz.
Para llegar a este fallo se designó a un grupo multidisciplinario de las universidades nacionales de Salta y de Buenos Aires, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, la Dirección de Bosques de la Nación y el Cuerpo de Investigaciones Fiscales, asesorados por un experto observador del Poder Judicial y el Ministerio Público de España.
El procurador López Viñals instruyó que se clausuren los lotes sembrados ilegalmente y con el dinero que deben pagar los Karlen, ejecutar un plan de remediación ambiental para que esta tierras puedan volver a ser lo que fueron: bosques nativos. Los expertos coindicen que a la natulareza le llevará veinte años volver a crear un lugar como el que había. Los encargardos de llevar adelante este trabajo serán los propios damnificados, que de esta manera tendrán trabajo.
“Si nos imaginamos una persona que con su vehículo atraviesa un semáforo en rojo a gran velocidad rompiendo bienes y lesionando ciudadanos, seguramente recibirá multas de tránsito, condena penal y también juicios de reparación para pagar los daños a los bienes perjudicados de los ciudadanos y del Estado. Este caso es igual”, explicó.
López Viñals pidió también a la Afip que estime cuánto han ganado los Karlen en esos lotes y tambien solicitó a funcionarios del Inta el cálculo de los rindes de las campañas agrícolas que usufructuaron y al área de Epidemiología que releve el aumento de los casos de dengue, zika y chikunguya que pudieran haber ocasionado al destruir el hábitat de los mosquitos y animales en las tierras desmontadas. (Noticias AgroPecuarias)
