Los números de la macroeconomía que ‘urge normalizar’

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La deuda pública siguió creciendo. La inflación supera 100. Y la emisión monetaria ‘completa un círculo de decisiones equivocadas de política fiscal’. El diagnóstico de CRA para corregir hacia la ‘Argentina 2024’.

(NAP) Pese a que transcurrió una década, la economía argentina se mantiene en los mismos niveles de crecimiento que en 2013, pero con 5 millones más de habitantes y una inflación que medida entre abril 2022 y mismo mes de este año  ya superó los 100 puntos porcentuales.

“Urge normalizar la macroeconomía: bajar la inflación, normalizar el tipo de cambio, bajar el gasto público, crear condiciones para el crecimiento y el desarrollo económico, la inversión y el empleo privado. Se perdió la memoria del crecimiento y el desarrollo económico”, alertó un trabajo de Confederaciones Rurales Argentinas con números que revelan la cruda realidad de nuestro país..

El estudio de CRA asevera que “este crecimiento no es sostenible: una inflación de casi 100% anual, impulsos al consumo privado y transferencias crecientes a planes sociales, y obra pública a cargo del Estado Nacional han mantenido a la economía en movimiento, pero con muy bajo crecimiento y participación del sector privado productivo.

“La actividad económica muestra fatiga de largo plazo: el PIB de 2022, creciendo casi 5% anual, es apenas superior al de 2013, pero con 5 millones más de habitantes, según los Censos de 2022 y 2010”.

El gasto público consolidado creció 15% del PIB entre 2000 y 2021

El relevamiento recuerda que en 2023 la economía crecería muy poco, si se tiene en cuenta la herencia de alta inflación de tres dígitos, un año electoral con fuerte incertidumbre, sumado los efectos de la sequía y las altas temperaturas que reflejarán con la falta generados por el campo que oscilarán entre los USD 15.000 M y USD 20.000 M, sólo en granos, lo que muestra, a la vez, la importancia y la contribución de la acvtividad primaria para el buen funcionamiento de la economía argentina.

“Este proceso de estanflación (2012-2023), estancamiento productivo con alta inflación, muestra la pérdida de memoria del crecimiento económico, porque el Estado hace de todo, pero no todo bien, y posterga al sector privado productivo con más impuestos y más regulaciones, y una alta inflación, de las más elevadas del mundo por lejos, que genera más distorsiones en el sector privado, pero permite al Estado financiarse con el BCRA”, añade el trabajo.

El gran problema es el elevado déficit fiscal, que implica más gasto público que los ingresos públicos, y su consecuencia es la emisión monetaria o la deuda pública que cubre el déficit, y la consecuente
inflación.

Argentina tiene 165 tributos entre los niveles de gobierno nacional, provincial y municipal.

El exceso de gasto público genera un déficit fiscal creciente, decidido por “una conducción política que desde hace años no reordena la economía en torno a la producción privada, sino que sostiene al Estado Nacional,
a las provincias y a los municipios como los entes organizadores de la actividad económica”, describe el trabajo.

La política fiscal es el uso de los instrumentos del presupuesto para modificar el ciclo económico. En este sentido, el gasto público no paró de crecer.

Por otro lado, la política tributaria y de otros ingresos públicos ha venido, desde 2002, aumentando la presión sobre el sector privado, para financiar una política expansiva e ineficiente de gasto público.

La política de endeudamiento público siguió creciendo, a pesar del default de 2002. La emisión monetaria completa el círculo de decisiones equivocadas de política fiscal.

El gasto público consolidado (GPC) creció 15 puntos porcentuales del PIB entre 2000 y 2021. El sector privado retrocedió en la misma proporción. Esto forma parte de una organización económica y social en torno a los Estados, que se financia, sólo en parte, con impuestos y tasas.

La presión tributaria para financiar este gasto, no cede: 165 tributos entre los niveles de gobierno nacional, provincial y municipal (IARAF, 2022).

De ellos, 8 generan el 82% de la recaudación, y 12, generan el 91%. El restante 9% de la recaudación lo generan 153 tributos y tasas, que producen costos de transacción, de asesoramiento, pérdidas de tiempo e ineficiencias para el sector privado. Y entre los 12 tributos principales, hay muchos muy distorsivos.

Entre las principales conclusiones el trabajo sugiere eliminar de manera urgente impuestos como los Derechos de Exportación y el Impuesto al Cheque.  Otros impuestos deben ser reducidos sustancialmente o ser fuertemente transformados, como Ingresos Brutos y la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene, o como el IVA y Ganancias.

El campo transfirió al estado nacional 175.000 millones de dólares en las últimas dos décadas como retenciones.

Con esta estructura tributaria de Nación-provincias-municipios, no se fomentan ni la inversión, ni la producción, por ende, tampoco el empleo privado.

El campo ya aportó suficientemente en las últimas dos décadas, en adelante se debe dar de baja el exceso de presión tributaria que tanto perjudica a la producción.

Después de 21 años, desde 2002 -cuando se reinstalaron los derechos de exportación- a hoy, el campo transfirió al Estado Nacional un total de 175.000 mill/dol sólo por este impuesto, según datos oficiales de la AFIP informados por la SRA.

Esto equivale a un promedio de 8.333 mill/dol/año, aportados por la producción agropecuaria y  las economías regionales. El resultado es claro: una economía en estanflación, con menor producción, destrucción de empleo privado, y mayor pobreza estructural.

En este contexto, la sanción de una nueva ley de coparticipación federal, establecida por la Constitución Nacional de 1994, y que debía ser sancionada antes de fines de 1996, sería un tema ordenador.

Este incesante gasto público también se financió con mayor Deuda Pública Nacional, que pasó de USD 382.281 M en III-2022), a USD 154.270 M en 2005. Desde 2005, la deuda pública creció 148,05%, reflejo del incremento del déficit fiscal.

Si se observa el GPC, entre 2020 y 2000, el gasto público social (jubilaciones -incluye moratorias previsionales-, planes sociales, gastos en salud y educación) creció 10,59 puntos porcentuales, mientras que el gasto en servicios económicos (subsidios a la energía, transporte, etc), creció 3,48 puntos porcentuales, siendo los dos principales incrementos, (Noticias AgroPecuarias)

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