El Gobierno pone fin a la emergencia territorial indígena y habilita desalojos
Mediante un decreto, el Ejecutivo derogó la prórroga de la Ley 26.160. La medida abre la puerta a la ejecución de sentencias judiciales.
(NAP) Este martes, el Gobierno argentino decretó el fin de la emergencia territorial indígena, suspendiendo la normativa que prohibía los desalojos en tierras ocupadas por pueblos originarios.
Con la publicación del Decreto 1083/2024 en el Boletín Oficial, el Ejecutivo, encabezado por el presidente Javier Milei, derogó el Decreto de Necesidad y Urgencia N°805/2021, que había prorrogado la Ley 26.160, sancionada en 2006 y que establecía la emergencia en la posesión y propiedad de tierras indígenas.
La medida, que entra en vigor el miércoles 11 de diciembre, fue justificada por el Gobierno en términos de “inseguridad jurídica” y su impacto en el derecho de propiedad de los legítimos dueños de tierras.
El Gobierno consideró que la prórroga de la emergencia favoreció una situación de discriminación entre los ciudadanos, debilitando el sistema republicano de gobierno.
Según los considerandos oficiales, la prolongación de la emergencia había dado lugar a abusos, afectando la soberanía territorial y los derechos de las provincias sobre los recursos naturales, tal como establece la Constitución Nacional.
En el texto oficial, el Ejecutivo también argumentó que la prórroga había facilitado la inscripción de comunidades indígenas sin cumplir los requisitos mínimos establecidos, lo que permitió la fragmentación de grupos y, en muchos casos, generó conflictos por la ocupación de tierras. La situación, según el Gobierno, ha afectado la libertad de circulación de los ciudadanos y bloqueado inversiones y obras de infraestructura necesarias para el desarrollo de servicios públicos.
Además, el informe detalló que las tomas de tierras y los enfrentamientos violentos vinculados a ellas aumentaron a lo largo del país, con al menos 254 conflictos judicializados.
Por último, el Ejecutivo sostuvo que la suspensión de desalojos no solo vulneraba el derecho de propiedad, sino que también afectaba a los legítimos propietarios, muchos de los cuales se vieron desplazados a condiciones precarias. (Noticias AgroPecuarias)
